«Una ciudad que fomente espacios para la cultura, propicia
que sus habitantes puedan hacer vida democrática».
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En febrero de 2014, se gestó en las calles uno de los ciclos de protesta más intensos contra el gobierno del presidente Nicolás Maduro. A Daniela Guerra, la conflictividad social la sorprendió en esa encrucijada en la que termina casi todo recién graduado, con posibilidades y recursos, en Venezuela: ¿me quedo o me voy del país? Pero mientras esperaba la entrega de su título de abogada y cavilaba su plan para el futuro cercano, los acontecimientos prácticamente decidieron por ella. Al principio, a la joven y a algunos de sus compañeros les preocupaba que las manifestaciones que estaban convulsionando su ciudad, Maracaibo, parecían carecer de contenido y organización. Así que decidieron involucrarse. —Yo era parte del equipo que estaba intentando poner cierto orden en la Plaza de la República —punto neurálgico de las acciones de calle—. Además, queríamos darle un verdadero significado a la protesta.
Daniela estudió derecho, en buena parte, por influencia de su papá, quien a pesar de especializarse en la rama civil, tiene una gran vocación de servicio, igual que el resto de su familia. Para el momento, ella estaba intentando descubrir lo que le apasionaba. Había trabajado un par de años, a medio tiempo, en un bufete de abogados, pero resolver una de las miles de demandas que llegaban a un banco, por ejemplo, estaba lejos de entusiasmarle demasiado. Sin embargo, en medio del conflicto, participó en la búsqueda de formas creativas y pacíficas de protesta. Hasta que comenzaron las detenciones. A los pocos días de haberse iniciado las manifestaciones, decenas de alumnos de la Universidad Rafael Urdaneta (URU), donde ella estudió, de la Universidad del Zulia (LUZ) y de otras instituciones, empezaron a ser víctimas de detenciones arbitrarias que pusieron en alerta a toda la comunidad académica. Fue debido a eso que se convocó a la Comisión Interinstitucional para los Derechos Humanos de la Facultad de Ciencias Políticas y Jurídicas de LUZ, donde también participaban otras casas de estudio y el Colegio de Abogados del Zulia, para organizar los esfuerzos en la defensa de quienes estaban injustamente encarcelados.
Daniela colaboraba allí, por iniciativa de uno de sus profesores, el abogado David Gómez. En las reuniones se asignó a un equipo de juristas que se encargarían de llevar los casos. Pero David insistía también en la importancia de documentarlos. Así que, en conjunto con otros compañeros, Daniela comenzó a asistir diariamente a los tribunales y centros de detención para llevar un registro de los detenidos y ofrecer a sus familiares toda la información a la que tenían acceso. De esa manera, fueron creando un sólido grupo de voluntarios que se abocaba especialmente a documentar, a través de testimonios e informes, las violaciones de derechos humanos que estaban ocurriendo en el marco de las manifestaciones. Más adelante, por inspiración de otras organizaciones caraqueñas, como Cofavic, con quienes tuvo el honor de redactar un informe dirigido al Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas y asistir a las audiencias celebradas en Ginebra, en 2015, Daniela y otros cuatro abogados decidieron crear la Comisión para los Derechos Humanos del estado Zulia, conocida como Codhez, en un intento por consolidar los esfuerzos que tan urgentes se hacían en esta coyuntura.
—Siempre sentí una responsabilidad con el país. Y hemos sido muy afortunados en conseguir personas que quieren seguir trabajando por Venezuela
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