06 Ene CIDH emite su última medida cautelar de 2024, a favor de Jesús Alexander Armas Monasterios en Venezuela

El 31 de diciembre de 2024, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió su última medida cautelar del año al adoptar la Resolución 105/2024 a favor de Jesús Alexander Armas Monasterios, activista político y defensor de derechos humanos en Venezuela. 

Esta decisión responde a la situación de extrema gravedad y urgencia en la que se encuentra, al considerar que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo inminente de daño irreparable.

La medida fue solicitada por Defiende Venezuela, organización presidida por Génesis Dávila, quien calificó la decisión como un paso clave en la defensa de los derechos humanos en un contexto de creciente represión en el país. 

“El caso de Jesús Armas refleja la peligrosa realidad a la que se enfrentan los defensores de derechos humanos y líderes políticos en Venezuela. La adopción de esta medida cautelar subraya la necesidad urgente de justicia y protección en un entorno marcado por detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas y tortura”, afirmó Dávila.

Jesús Armas, exconcejal de Caracas (2013-2018), fue detenido el pasado 10 de diciembre por hombres encapuchados y armados que lo obligaron a abordar un vehículo sin identificación. Desde entonces, sus familiares y representantes legales han enfrentado obstáculos para determinar su paradero. 

Las autoridades han negado su presencia en los centros de detención oficiales, mientras que denuncias ante la Fiscalía General de la República y la Defensoría del Pueblo no han recibido respuesta.

A pesar de las dificultades, la CIDH consideró la gravedad de la situación, particularmente ante informes de tortura, incomunicación y falta de acceso a atención médica. En su resolución, la Comisión solicitó al Estado venezolano:

🔹Garantizar la vida e integridad personal de Jesús Armas, incluyendo la confirmación oficial de si se encuentra bajo custodia estatal y las circunstancias de su detención.

🔹Asegurar condiciones de detención compatibles con estándares internacionales, garantizando acceso a sus familiares, abogados y atención médica adecuada.

🔹Investigar los hechos denunciados para prevenir su repetición.

El caso de Jesús Armas pone en evidencia el patrón sistemático de persecución política en Venezuela, donde las detenciones arbitrarias, desapariciones y torturas son recurrentes y constituyen crímenes de lesa humanidad. 

Desde Defiende Venezuela, Dávila reiteró que, con urgencia, “todas las personas detenidas arbitrariamente debían ser liberadas”.

La CIDH, órgano principal de derechos humanos de la OEA, destacó que la emisión de esta medida cautelar no constituye prejuzgamiento sobre una posible violación de los derechos protegidos en los instrumentos interamericanos, pero subraya la gravedad de la situación en el país.

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