01 Abr Defiende Venezuela señala la afectación del derecho a la privacidad en Venezuela durante la pandemia.

Ante la llegada del coronavirus el pasado 13 de marzo a Venezuela la información ha ido creciendo y la privacidad en los datos personales se ve amenazada.

La población por temas de salud pública y derecho de acceso a la información solicita los datos de los contagiados como edad, nombre, domicilio y los de aquellos que se encuentran en cuarentena por precaución médica.

La rendición de cuentas es el principio básico para que los ciudadanos puedan saber el estatus de la situación en el país, ser conscientes de la pandemia y así tomar las precauciones adecuadas.

Sin embargo, la información personal debe ser de uso exclusivo para las autoridades y solo puede ser utilizada con el objetivo de realizar un seguimiento de localización del avance del COVID-19 en el país, así lo señala el decreto n°4.160 en su artículo n°27.

Asimismo, destaca que no debe utilizarse la información que se obtenga con otros fines distintos a los previstos en el artículo.

Desde Defiende Venezuela vemos con preocupación que el Estado venezolano no está respetando y garantizando lo señalado en dicho decreto, cada vez es más frecuente la divulgación mediante redes sociales de datos personales como el nombre, apellido, ubicación, síntomas de personas sin su consentimiento afectando el derecho a la privacidad.

Los casos como el del periodista Darvinson Rojas quien fuere detenido por la FAES sin orden judicial bajo la excusa de haber recibido una llamada anónima sobre un sospechoso caso de COVID-19 en su casa; o de la periodista de Caraota Digital, Rosalí Hernández, quien fuere retenida hasta en tres oportunidades por cuerpos de seguridad, y forzada a eliminar el material audiovisual documentado, deja claro que en Venezuela no se respeta ni garantiza la protección a periodistas.

Las cadenas de información no oficial señalando a personas que presuntamente son portadoras del virus, amenazan con la seguridad de los datos personales, siendo representando en situaciones como la de Trino Velazco, en Barquisimeto estado Lara, hostigado y amenazado por supuestamente ser el único caso de COVID-19 en la región.

El Estado venezolano no resguarda la información privada conforme dice el decreto, exponiendo a las personas a persecución y discriminación, violando sus derechos humanos y sin brindarles protección.