25 Mar El Estado venezolano ha ampliado su repertorio represivo en contra de la Sociedad Civil

♦Texto: José Ali Linares Torrealba

A propósito del 55º Período Ordinario de Sesiones del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, la Comisión de DDHH de dicha instancia internacional presentó una actualización de la situación actual de Venezuela en la que participaron miembros de la Sociedad Civil.

El Coordinador General de la ONG Provea, Óscar Murillo, expresó en ante esta sesión su “preocupación por la ampliación del repertorio represivo del gobierno venezolano”. Se refirió a la detención arbitraria de destacados activistas de derechos humanos como Rocío San Miguel y el prolongado encarcelamiento de otros defensores, como Abrahan Aguirre y Robert Franco, Secretario General del Colegio de Profesores de Carúpano, así como líderes sindicales del sur del país, como Leonera Socar y Daniel Romero. 

“Todos estos individuos fueron encarcelados por su labor en la defensa de los derechos laborales, incluyendo la lucha por salarios justos y mejores condiciones laborales”, expresó.

Murillo destacó que el “empeoramiento del clima de represión con la decisión del presidente Maduro de suspender las actividades de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en el país”. 

A su juicio, esta acción “evidencia un alto grado de intolerancia hacia la sociedad civil en Venezuela”.

Una Ley que intenta silenciar a la Sociedad Civil

El activista también señaló el avance del proceso de Ley de Fiscalización de ONG en el país como otro ejemplo de la intención del gobierno de coartar la libertad de asociación y de expresión. 

Denunció la utilización del sistema judicial para silenciar a la disidencia y la crítica, especialmente en temas relacionados con salarios y pensiones insuficientes.

Murillo subrayó que “los eventos ocurridos en los primeros meses del 2024 no son hechos aislados, sino que responden a una política de Estado que ha llevado a la cárcel a 81 trabajadores y ha sido responsable de al menos 3.500 casos de hostigamiento por parte de agentes de seguridad”.

Finalmente, el Coordinador General de la ONG Provea instó a los Estados miembros del Consejo a “adoptar medidas coordinadas y decididas para condenar las acciones represivas del gobierno venezolano y proteger a la sociedad civil”. 

Además, enfatizó la importancia de que los Estados apoyen una solución pacífica y electoral que conduzca a un cambio político y restablezca el estado de derecho en Venezuela.

Aumento en la represión en Venezuela

Por su parte, el Co-Director de la ONG Acceso a la Justicia, Ali Daniels, desde las organizaciones de derechos humanos, señaló la situación en Venezuela a partir de finales de 2023, destacando el “aumento de la represión y el agravamiento de situaciones como los arrestos arbitrarios, desapariciones forzadas e incomunicaciones”. 

Daniels resaltó que, si bien estas violaciones eran frecuentes anteriormente, ahora se han agudizado, con casos que implican desapariciones que se prolongan por varios días o incluso semanas.

El activista mencionó también el incremento en el número de presos políticos, llegando al punto de detener a más personas de las que fueron liberadas en el marco de acuerdos previos. Criticó la criminalización de la labor civil, especialmente a través de la aprobación del proyecto de Ley de Fiscalización de Organizaciones, afectando a millones de personas beneficiarias de la labor humanitaria.

A pesar de la fijación de una fecha para las elecciones respetando los acuerdos de Barbados, Daniels denunció las “continuas detenciones arbitrarias e inhabilitaciones de dirigentes opositores y el asedio a sus seguidores, lo que constituye una violación de los acuerdos”. 

Destacó que las condiciones mínimas para celebrar elecciones no están siendo garantizadas, especialmente tras la expulsión arbitraria en febrero de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos.

El también Profesor Universitario exigió la liberación de los profesores universitarios y defensores de derechos humanos, como Abraham Aguirre y Rocío San Miguel, y de todos los presos políticos. 

Criticó el uso del concepto de soberanía para eludir la rendición de cuentas por las obligaciones en materia de derechos humanos, enfatizando que la soberanía debe utilizarse para proteger a los ciudadanos y no como excusa para cometer violaciones.

Es por ello que la situación de los derechos humanos en Venezuela ha suscitado una preocupación creciente a nivel internacional debido al aumento de la represión, los arrestos arbitrarios y las restricciones a la sociedad civil. 

Organizaciones y activistas como Óscar Murillo de Provea y Ali Daniels de Acceso a la Justicia han denunciado en foros internacionales como la ONU las violaciones sistemáticas a los derechos fundamentales de los venezolanos. 

La expulsión de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos y la aprobación de leyes que criminalizan la labor de las ONGs refuerzan la necesidad urgente de que la comunidad internacional tome medidas concretas para proteger los derechos de los ciudadanos venezolanos y garantizar condiciones justas y transparentes para futuros procesos electorales.

Si tienen alguna denuncia o quieren conocer más sobre el tema, comuníquense con Defiende Venezuela a través del correo: jlinares@defiendevenezuela.org, José Ali Linares, Coordinador de Comunicaciones.

¡Comparte esta nota de prensa y genera conciencia sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela! Juntos podemos hacer la diferencia.