30 Ago Crisis en Venezuela: Más de 1.728 detenidos y un espacio cívico en grave retroceso 

​​♦Texto: José Ali Linares Torrealba – Imagen: DW​ 

En las últimas semanas, Venezuela ha sido escenario de intensas manifestaciones luego de que el Consejo Nacional Electoral (CNE) diera a Nicolás Maduro como “ganador” de las elecciones presidenciales bajo un esquema altamente cuestionado.  

La oposición ha venido denunciando el fraude, y varios sectores de la comunidad internacional han expresado sus dudas sobre la legitimidad de estos comicios. Desde el 29 de julio de 2024, las calles de Caracas y otras ciudades del país se han llenado de manifestantes que exigen transparencia y justicia electoral. 

Las protestas se extendieron rápidamente por todo el territorio nacional, con miles de venezolanos participando en actos de resistencia pacífica. Sin embargo, la respuesta del gobierno ha sido contundente y violenta. Funcionarios de seguridad y grupos paramilitares, conocidos como colectivos, han reprimido a los manifestantes utilizando fuerza desproporcionada. 

Hasta el momento, la ONG Foro Penal ha registrado 1.728 detenciones desde el inicio de las protestas. Estas cifras reflejan la grave situación de derechos humanos que se vive en Venezuela, donde la disidencia política es reprimida y los derechos civiles y políticos son sistemáticamente violados. 

Las detenciones han afectado a personas de diversas edades y profesiones, desde jóvenes activistas hasta adultos mayores. Muchos de los detenidos han sido trasladados a centros de reclusión sin las garantías procesales básicas, enfrentando condiciones inhumanas y sin acceso a sus abogados ni familiares. 

Criminalización de la sociedad civil 

Las protestas del 29 de julio de 2024 marcaron el inicio de una ola de manifestaciones en todo el país, con Caracas como epicentro de la resistencia. Los manifestantes se concentraron en varios puntos clave de la capital, incluido el barrio más grande. En Chacao, uno de los municipios más afectados por la represión, un joven manifestante fue detenido por la Policía Nacional Bolivariana (PNB) y trasladado al centro de reclusión Yare III. 

Otro caso emblemático es el de un manifestante detenido en San Martín durante una manifestación pacífica. Arrestado por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB) y llevado a la sede de la PNB en Petare, a pesar de las irregularidades en su detención y juicio, también fue trasladado a Yare III. 

El 30 de julio, un coordinador juvenil del partido La Causa R fue arrestado arbitrariamente por funcionarios de la Dirección de Investigaciones Penales (DIP). Acusado de cargos de terrorismo y asociación para delinquir, fue trasladado a Yare III, donde permanece en condiciones precarias. 

Ese mismo día, una enfermera de 55 años fue detenida en Chacao mientras realizaba diligencias. A pesar de no participar en las protestas, fue llevada a la sede de la PNB en Petare, donde se encuentra recluida sin haber tenido audiencia de presentación y sin contacto con sus familiares. 

Finalmente, tres personas fueron detenidas en Altagracia de Orituco. A pesar de la violenta dispersión de una protesta en la zona, las autoridades no han proporcionado información sobre su situación, manteniendo a sus familias en la incertidumbre. 

Además, sujetos no identificados se llevaron a la fuerza a varias figuras de la oposición y la sociedad civil, incluyendo al abogado Perkins Rocha, vocero oficial del Comando Con Vzla; a Williams Dávila, exdiputado a la Asamblea Nacional (AN); a Biagio Pilieri, exdiputado de la AN; a Ana Guaita Barreto, periodista de La Patilla; a Americo De Grazia, exdiputado de la AN; y a María Oropeza, coordinadora del partido Vente Venezuela en el estado Portuguesa. 

Estos casos presentan un patrón común de detenciones arbitrarias y represalias contra quienes son percibidos como opositores al gobierno. Bajo la operación «tun tun», vecinos afines al oficialismo delatan a los habitantes de la zona por ser opositores, facilitando su detención y persecución. Este patrón de represión y control social agrava la crisis de derechos humanos en Venezuela, violando sistemáticamente los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. 

En respuesta a esta situación, Defiende Venezuela envió de inmediato la primera alerta a los distintos mecanismos de protección de derechos humanos. Entre estos se incluyen el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, el Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) y la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH). 

Violaciones a los DDHH 

Las acciones del gobierno venezolano en respuesta a las recientes protestas han constituido graves violaciones a los derechos humanos. Estas medidas represivas buscan silenciar la disidencia, infundir miedo entre la población, restringiendo sus libertades fundamentales y derechos civiles.  

La violación sistemática de estos derechos ha sido documentada por diversas organizaciones de derechos humanos y ha generado condena internacional. El contexto de las protestas en Venezuela está marcado por la lucha de la población por un cambio democrático y la respuesta violenta del gobierno ante cualquier forma de oposición.  

Las detenciones arbitrarias, el uso desproporcionado de la fuerza y las condiciones inhumanas de detención son algunos de los mecanismos utilizados para reprimir a los manifestantes y disuadir a otros de participar en futuras protestas.  

En este sentido, Ezequiel Monsalve, Coordinador Legal de la ONG Defiende Venezuela, detalla algunos de los derechos civiles y políticos que han sido vulnerados: 

🔹Derecho a la Manifestación Pacífica: La represión violenta de las protestas, que incluye el uso de fuerza excesiva por parte de las fuerzas de seguridad y grupos civiles armados, viola el derecho fundamental a la protesta pacífica, garantizado en el artículo 68 de la Constitución. Esta represión busca impedir que los ciudadanos expresen su descontento y demandas de manera pública y organizada. 

🔹Derecho a la Libertad de Expresión: La censura de medios de comunicación, las agresiones a periodistas y las restricciones al trabajo periodístico atentan contra la libertad de expresión, lo cual es violatorio al artículo 57 y 58 de la Constitución. Esta represión incluye detenciones arbitrarias de periodistas y el bloqueo de medios que intentan informar sobre la situación en el país. 

Respecto a esto la CorteIDH ha dicho: “La libertad de expresión es una piedra angular en la existencia misma de una sociedad democrática. Es indispensable para la formación de la opinión pública(…). Es, en fin, condición para que la comunidad, a la hora de ejercer sus opciones, esté suficientemente informada. Por ende, es posible afirmar que una sociedad que no está bien informada no es plenamente libre”. 

🔹Derecho a un Juicio Justo: Todos los detenidos con posterioridad a las elecciones presidenciales del 28 de julio han sido privados de las garantías procesales básicas, incluyendo el acceso a abogados y una defensa adecuada. Las audiencias judiciales, cuando se llevan a cabo, se realizan sin el debido proceso y en ausencia de representación legal apropiada, esto es violatorio al artículo 49 en sus distintos ordinales y del artículo 139 del COPP.  

🔹Derecho a la Integridad Personal: Las condiciones de detención inhumanas, que incluyen hacinamiento y falta de acceso a servicios básicos, junto con el uso desproporcionado de la fuerza, constituyen tortura y tratos crueles. Los detenidos sufren abusos físicos y psicológicos que atentan contra su dignidad y bienestar. Esto es violatorio a lo dispuesto en el artículo 47 de la Constitución.  

En uno de los casos documentados por Defiende Venezuela, se logró certificar que en Zona 7, Boleita, los detenidos eran llevados a calabozos extremadamente pequeños, sin acceso a ventilación ni luz solar, donde eran ingresadas varias personas. Para poder entrar todos, muchos debían quedar de pie.  

🔹Derecho a la Libertad Personal: Las detenciones arbitrarias y sin fundamentos claros violan lo dispuesto en el artículo 49 Constitucional. Las autoridades detienen a personas sin justificación legal. En varios casos identificados por la organización, las víctimas aseguran que aprehendieron a sus familiares en contextos distintos a las protestas, caminando por las calles o estaciones de autobuses. En conjunto, estas violaciones representan un ataque sistemático contra los derechos humanos en Venezuela, evidenciando una estrategia para mantener el control y suprimir cualquier forma de oposición. 

Es por ello por lo que la ONG Defiende Venezuela exhorta al Estado venezolano a: 

1. La liberación inmediata de todas las personas detenidas arbitrariamente durante las protestas. 

2. Una investigación independiente y exhaustiva sobre las violaciones de derechos humanos cometidas por las fuerzas de seguridad. 

3. El cumplimiento de las garantías procesales para todos los detenidos, incluyendo el acceso a abogados y juicios justos. 

4. El respeto a los derechos civiles y políticos consagrados en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 

Los mecanismos internaciones de protección deben mantenerse vigilantes y apoyar a los venezolanos en su lucha por la democracia y los derechos humanos. Es imperativo que el gobierno venezolano cese la represión y permita el ejercicio pleno de los derechos civiles y políticos de sus ciudadanos. 

Si tienen alguna denuncia o quieren conocer más sobre el tema, comuníquense con Defiende Venezuela a través del +584123291911 y +584120147015. 

¡Comparte esta nota de prensa y genera conciencia sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela! Juntos podemos hacer la diferencia.