01 Feb La CIDH condenó inhabilitaciones políticas a lideres opositores venezolanos

Recientemente, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó las inhabilitaciones administrativas en contra de personas opositoras en Venezuela y denunció que dichas acciones son propias de regímenes autoritarios.

Esto, ante los resultados de la revisión del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) sobre los casos de inhabilitaciones de algunos dirigentes políticos opositores que recibieron estas sanciones de manera arbitraria por parte de la Contraloría General de la República (CGR).

En dicha decisión, que surge como “cumplimiento” de lo dispuesto en el Acuerdo de Barbados, el TSJ decidió levantar -temporalmente- las inhabilitaciones de Leocenis García, Richard Mardo, Pablo Pérez, Zulay Medina, Daniel Ceballos y Rosa Brandonisio de Scarano, y mantener la prohibición de ocupar cargos de elección popular a Henrique Capriles y María Corina Machado, quien ganó las elecciones primarias de la oposición.

Persecución y hostigamiento

Es por ello que la CIDH aseveró que estas decisiones acaban por contribuir a un ambiente de persecución que desalientan la participación ciudadana en asuntos de interés público.

Asimismo, mencionaron que el Gobierno ha venido progresivamente ejecutando una serie de acciones que contemplan detenciones arbitrarias de dirigentes opositores y sindicalistas; promoción de documentos regulatorios que buscan restringir el funcionamiento de las asociaciones civiles y ONG; y el uso de los medios públicos para emitir declaraciones estigmatizantes por parte de altos funcionarios gubernamental.

Tal como lo revela la misiva emitida por la CIDH, “al apartar de la contienda electoral a reconocidos dirigentes de la oposición se corrobora que el sistema de justicia venezolano no ofrece garantías de independencia e imparcialidad y que éste ha jugado un rol significativo en la represión de opositores al gobierno. Adicionalmente, se anula la posibilidad de desarrollar elecciones presidenciales libres, justas y competitivas en 2024”.

Respeto a los derechos políticos

En este sentido, la CIDH reitera que, de acuerdo con las obligaciones internacionales del Estado, ningún órgano administrativo puede restringir los derechos políticos a elegir y ser elegido a través de sanciones de inhabilidad o destitución. 

Es por ello que instaron al Gobierno venezolano a “levantar las inhabilitaciones administrativas y parar cualquier acto dirigido a desalentar la participación ciudadana en asuntos de interés público”. 

Por último, la CIDH llama a adoptar, con urgencia, medidas para restablecer la separación e independencia del sistema judicial y demás poderes públicos y adoptar medidas dirigidas a reconstruir la democracia y garantizar la participación política de todos los sectores.

En relación con este tema, la organización no gubernamental Defiende Venezuela ha denunciado un aumento en la persecución y hostigamiento por parte del Estado hacia la Sociedad Civil. Esta situación se ha intensificado a través de la promoción de un Proyecto de Ley que busca coartar la libertad de expresión y participación de la Sociedad Civil.

Además, la ONG señala que este proyecto legislativo amenaza con restringir el espacio para la defensa de los derechos humanos y la libertad de expresión en el país.

Para leer el comunicado íntegro, pueden hacer clic aquí: https://www.oas.org/es/CIDH/jsForm/?File=/es/cidh/prensa/comunicados/2024/025.asp.

Si tienen alguna denuncia o quieren conocer más sobre el tema, comuníquense con Defiende Venezuela a través del correo: jlinares@defiendevenezuela.org, José Ali Linares, Coordinador de Comunicaciones.

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