16 Ago Peligros para la sociedad civil en Venezuela tras la aprobación de la Ley Antisociedad 

​​♦Texto: José Ali Linares Torrealba​ 

La Asamblea Nacional (AN) de Venezuela, bajo control del oficialismo, aprobó recientemente y de manera unánime la “Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las Organizaciones No Gubernamentales y Organizaciones Sociales Sin Fines de Lucro”, la cual pone en serio peligro la existencia y operatividad de la sociedad civil en el país. 

Con la sanción de esta normativa, el chavismo ha cumplido su promesa de restringir el trabajo de las ONG, estableciendo un marco legal que impone un nuevo sistema de registro y un riguroso control estatal sobre sus actividades y fuentes de financiamiento. 

Desde hace más de un año, la sociedad civil venezolana ha estado alertando sobre los peligros inherentes a esta normativa, conocida popularmente como “La Ley Antisociedad”. Su aprobación se da en un contexto de creciente represión, en el cual el Gobierno de Nicolás Maduro ha intensificado el control político tras las denuncias de fraude en las elecciones que le otorgaron la reelección. 

Cierre del espacio cívico en Venezuela 

Esta ley supone un nuevo paso hacia el cierre del espacio cívico en Venezuela, pues el chavismo ha estigmatizado y perseguido sistemáticamente a los defensores de derechos humanos, obligándolos a abandonar el país.  

Con esta ley, las libertades de asociación y de defensa de los derechos humanos se ven aún más restringidas, otorgando al Ejecutivo un poder considerable para suspender o disolver organizaciones según su criterio. 

Esta ley impone prohibiciones que, bajo un amplio margen de interpretación gubernamental, pueden sancionarse con multas y otras penas administrativas. Entre estas prohibiciones se encuentra la recepción de financiamiento destinado a organizaciones con fines políticos, la realización de aportes económicos a partidos políticos, y la ejecución de actividades asociadas a partidos políticos o “promoción del fascismo”. No registrarse ante el Estado y no informar sobre donaciones y financiamiento también son considerados delitos bajo esta ley.  

Las restricciones se extienden a las ONG extranjeras que operen en el país, y los trabajadores extranjeros podrían ser expulsados si no cumplen con estas normas. 

Es por ello por lo que, a partir de ahora, las ONG estarán obligadas a presentar informes detallados sobre su inventario de bienes, balances contables, y estados financieros. También deberán entregar actas de asambleas, nombramientos, y registros de aperturas y cierres de sedes.  

Además, se les exige proporcionar una relación completa de las donaciones recibidas, identificando a los donantes y especificando si son nacionales o extranjeros, y si las donaciones son esporádicas o recurrentes. 

Un peligro inminente 

En este contexto, la presidenta de la ONG Defiende Venezuela, Génesis Dávila, ha expresado su preocupación ante los peligros que esta ley representa para la sociedad civil en el país. Destaca los siguientes puntos: 

🔹Control excesivo y restricción de la autonomía: La ley obliga a las organizaciones a modificar sus estatutos para incluir nuevos fines y actividades, lo que viola su autonomía al imponer decisiones que deberían ser competencia exclusiva de sus asociados. 

🔹Imposición de autorización administrativa y membresía forzada: La normativa requiere una autorización administrativa para cualquier cambio en el objeto de las organizaciones y obliga a incluir funcionarios públicos como miembros, interfiriendo en la estructura interna de las entidades. 

​​🔹Sanciones económicas significativas: Las multas por incumplimiento de la ley pueden variar entre $3.000 y $12.000, representando una carga financiera desproporcionada para las organizaciones. 

🔹Cambios en el régimen de constitución de las OSFL: El paso de un régimen de simple registro a uno autorizatorio limita la libertad de operación de las organizaciones, al restringir su autorización únicamente a su domicilio principal. 

🔹Declaración de inexistencia y limitación geográfica: La ley declara inexistentes a las organizaciones que no cumplan con el registro y limita geográficamente sus actividades, restringiendo así su alcance y operatividad. 

🔹Reconocimiento selectivo de organizaciones: Solo se reconocen como organizaciones válidas aquellas con acta constitutiva, negando la existencia de asociaciones de hecho, lo que reduce la diversidad y flexibilidad de las entidades sociales. 

Ante la aprobación de esta ley que atenta contra la sociedad civil en Venezuela, desde Defiende Venezuela exigimos al gobierno un respeto irrestricto a los derechos fundamentales de todos los ciudadanos, incluyendo el libre ejercicio del derecho a la asociación, así como los derechos políticos y civiles.  

Instamos a las autoridades a cesar el hostigamiento y la represión contra las organizaciones no gubernamentales y defensores de derechos humanos, y a garantizar un entorno donde se respeten y protejan los derechos humanos de manera plena.  

Es imperativo que el espacio cívico en Venezuela se mantenga abierto, plural y libre de injerencias arbitrarias, para que las voces de la sociedad civil puedan continuar trabajando en favor de los más vulnerables y de la democracia en el país. 

Si tienen alguna denuncia o quieren conocer más sobre el tema, comuníquense con Defiende Venezuela a través del correo: jlinares@defiendevenezuela.org, José Ali Linares, Coordinador de Comunicaciones.  

¡Comparte esta nota de prensa y genera conciencia sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela! Juntos podemos hacer la diferencia.