25 Jun Relatorías Especiales de las Naciones Unidas emiten resolución favorable a nueve víctimas de ejecuciones extrajudiciales que representa Defiende Venezuela 

♦Texto: José Ali Linares Torrealba

La Relatoría Especial sobre Ejecuciones Extrajudiciales, Sumarias o Arbitrarias, el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria y la Relatoría Especial sobre la Extrema Pobreza y los Derechos Humanos de las Naciones Unidas han publicado un mandato en apoyo a 16 víctimas de violaciones de derechos humanos, entre ellas nueve victimas que representa Defiende Venezuela. 

El documento, resultado de varias comunicaciones de alegaciones impulsadas por la ONG Defiende Venezuela entre 2022 y 2023, destaca, entre otras cosas, graves deficiencias en las investigaciones de estas violaciones, así como el temor de las víctimas a represalias. Además, señala la provisionalidad de la mayoría de los miembros del Poder Judicial y del Ministerio Público, factores que obstaculizan el esclarecimiento de los hechos y la identificación y sanción de los responsables. 

Entre las deficiencias se señalan autopsias incompletas, la falta de investigación alternativa a la tesis de la confrontación, la falta de voluntad del Ministerio Público para investigar efectivamente las cadenas de mando, y la falta de acceso a expedientes judiciales por parte de las víctimas. 

Además, se menciona la constante sustitución de fiscales y las dilaciones indebidas en las fases de investigación. Como resultado, en la mayoría de los casos no se han determinado responsabilidades ni aplicado sanciones a los presuntos autores, perpetuando un nivel de impunidad casi absoluto.  

En los pocos casos en los que sí ha habido condenas, estas se han limitado al autor material del disparo letal, sin examinar la responsabilidad de los funcionarios en posiciones de mando. 

En este sentido, los autores del documento expresan una profunda preocupación por las ejecuciones de Guillermo Rueda Parra, Christian Charris Arroyo, José Alberto Padilla Soto, Daniel Alberto Padilla Soto, Eduardo Ramos Torbello, Cristian Ramos Escalona, Luis Pérez Yovera, Genyill Chacón Pérez, Yorgi Lejandro Liscano y Daniel Alejandro Lezama Ramírez, representados por Defiende Venezuela, presuntamente a manos de funcionarios de las Fuerzas Armadas Especiales de la Policía Nacional Bolivariana y del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). 

Asimismo, mencionan los casos de Irvin Beomon, Inyerber Beomon, Yanderson Andrés Granados Padrón, Alex Yohan Vegas Azuaje, Anrry Gregorio Chinchilla Berroteran y Valero Suárez, quienes fueron ejecutados en situaciones similares. 

A la luz de lo que parecen ser asesinatos sistemáticos de jóvenes en comunidades empobrecidas de Venezuela por agentes de seguridad, los expertos reiteran que el derecho a la vida es una norma de jus cogens y de derecho consuetudinario internacional, aplicable a toda persona en todo momento, y no puede derogarse en ninguna circunstancia, ni siquiera en estados de excepción. 

Una advertencia reiterativa 

Es por ello por lo que la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH) ha señalado preocupaciones sobre el uso excesivo de la fuerza en operaciones de seguridad en Venezuela.  

Además, los mandatos sobre tortura, ejecuciones y detenciones arbitrarias han advertido al Gobierno sobre la falta de disposición de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo para llevar a cabo investigaciones prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes, especialmente cuando involucran a actores estatales. 

Por otro lado, estos entes reiteraron la necesidad de investigar estas muertes conforme a las normas internacionales pertinentes, especialmente el Manual Revisado de las Naciones Unidas sobre la Prevención e Investigación Eficaces de las Ejecuciones Extralegales, Arbitrarias o Sumarias (Protocolo de Minnesota).  

Las investigaciones deben determinar las responsabilidades en la cadena de mando, examinar órdenes emitidas, omisiones de funciones o aquiescencias relacionadas con las muertes investigadas. 

También, instaron al Estado venezolano a adoptar herramientas de investigación que incluyan los estándares del Protocolo de Minnesota.

 Un paso más hacia la JUSTICIA 

“Esta resolución es una herramienta crucial para la defensa de los derechos humanos en Venezuela y para la visibilización de las violaciones sistemáticas que sufren las víctimas en el país”, afirmó el abogado Ezequiel Monsalve, Coordinador de Litigio Internacional de la ONG Defiende Venezuela. 

Monsalve destacó la importancia de esta resolución, firmada por dos relatorías y un grupo de trabajo que forman parte de los procedimientos especiales de la ONU, los cuales tienen la facultad de investigar y pronunciarse sobre situaciones dentro de su mandato. 

Asimismo, el experto en Derecho Internacional señaló que “es fundamental que el Estado venezolano adopte herramientas de investigación que incluyan los estándares del Protocolo de Minnesota”. 

Por último, insistió en la necesidad de que las investigaciones sean prontas, efectivas, exhaustivas, independientes, imparciales y transparentes, especialmente cuando involucran a actores estatales, pues “la falta de disposición de la Fiscalía General y la Defensoría del Pueblo para llevar a cabo investigaciones adecuadas perpetúa un nivel de impunidad casi absoluto en estos casos”. 

La emisión de este mandato por parte de las Relatorías Especiales de las Naciones Unidas representa un paso significativo en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Al destacar las deficiencias en las investigaciones y el temor a represalias, así como la falta de voluntad por parte del Ministerio Público, se subraya la urgencia de implementar investigaciones independientes y transparentes. 

Por su parte, Las Madres Poderosas exigieron que “se nos dé una respuesta, ya que sentimos que el Estado se está burlando de nosotras”. 

Además, agregaron: “Lo que pedimos y exigimos es una respuesta clara y oportuna. No estamos solicitando nada fuera de lo que establece nuestra Constitución y nuestras leyes. Todo delincuente debe pagar por sus delitos». 

La emisión de este mandato por parte de las Relatorías Especiales de las Naciones Unidas representa un paso significativo en la defensa de los derechos humanos en Venezuela. Al destacar las deficiencias en las investigaciones y el temor a represalias, así como la falta de voluntad por parte del Ministerio Público, se subraya la urgencia de implementar investigaciones independientes y transparentes. 

Esta resolución busca no solo visibilizar las violaciones sistemáticas de derechos humanos, sino también fomentar un entorno de justicia y responsabilidad. 

La comunidad internacional y las organizaciones de derechos humanos, como Defiende Venezuela, continúan trabajando para garantizar que las víctimas reciban justicia y se respeten los derechos fundamentales en todo el país.

El documento íntegro de este mandato está disponible aquí:  
https://spcommreports.ohchr.org/TMResultsBase/DownLoadPublicCommunicationFile?gId=28782 

Si tienen alguna denuncia o quieren conocer más sobre el tema, comuníquense con Defiende Venezuela a través del correo: jlinares@defiendevenezuela.org, José Ali Linares, Coordinador de Comunicaciones. 

¡Comparte esta nota de prensa y genera conciencia sobre las violaciones de derechos humanos en Venezuela! Juntos podemos hacer la diferencia.