26 Jun Gobierno venezolano continúa con su política de persecución en contra de los dirigentes sindicales

♦Texto: José Ali Linares Torrealba

En medio de la creciente crisis económica y social que atraviesa Venezuela, los trabajadores del país han salido a las calles desde principios de 2023 exigiendo al Estado mejoras en sus condiciones laborales y salariales.

Lamentablemente, esta legítima demanda ha sido recibida con una serie de acciones de persecución y hostigamiento por parte del Gobierno en contra de algunos dirigentes sindicales que han alzado su voz en defensa de los derechos laborales y han denunciado las precarias situaciones en las que deben desempeñar sus labores, así como los bajos salarios que no les permiten cubrir siquiera la canasta básica alimentaria.

Entre estos hechos se encuentra el caso de los sidoristas Daniel Romero y Leonardo Azócar, quienes son dirigentes sindicales y lideraron varias protestas en las afueras de la Siderúrgica del Orinoco (Sidor) en el estado Bolívar. 

Ambos fueron detenidos por funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM) e imputados por los delitos “instigación al odio, asociación para delinquir y boicot” y enviados a la ciudad de Caracas.

Estos acontecimientos han generado diversas reacciones en la sociedad civil, que ha denunciado la violación al debido proceso y un claro atentado contra la libertad sindical en el país.

Sindicatos, una amenaza para el Gobierno

Los sindicatos, considerados una amenaza por parte del Gobierno, se han convertido en una de las pocas fuerzas que mantiene un reclamo activo contra el gobierno mediante las protestas en las calles, según señaló Ezequiel Monsalve, coordinador jurídico de la ONG Defiende Venezuela.

Monsalve, abogado y experto en litigio internacional, agregó que los sindicatos han mantenido una lucha constante exigiendo mejoras salariales y condiciones laborales óptimas, lo cual contradice las afirmaciones del Gobierno de que «la clase obrera está mejor que antes».

Ante esta preocupante situación, la sociedad civil ha jugado un papel fundamental en la documentación y visibilización de estos casos, poniendo en evidencia una clara violación de las garantías fundamentales.

Hjalmar Soler, miembro del equipo jurídico de Defiende Venezuela, explicó que el acompañamiento legal a las víctimas de este tipo de persecución incluye un proceso de documentación y denuncia ante los organismos competentes dentro y fuera del país.

Soler añadió que Defiende Venezuela, organización dedicada a la defensa y promoción de los derechos humanos, continuará monitoreando de cerca esta situación, exigiendo el respeto a los derechos fundamentales de los ciudadanos y ofreciendo apoyo gratuito a todos aquellos que vean afectados sus derechos.

Si tiene alguna denuncia o quiere conocer más sobre el tema, comuníquese con Defiende Venezuela a través del correo: dv.jlinares@gmail.com, José Ali Linares, coordinador de Comunicaciones, +584148509258 (Sólo WhatsApp).